Corte Suprema anula Amnistia ( guerra en el Salvador)

Estos serían los casos a investigar tras abolición de amnistía


Este miércoles 13 de julio, en una sentencia histórica, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General Para la Consolidación de la Paz, decretada el 22 de marzo de 1993, con la que numerosas masacres y graves violaciones a los derechos humanos se mantuvieron impunes y sin poder ser investigadas durante 23 años.

Según el comunicado de prensa emitido por la Sala en que se resume la sentencia, los argumentos de los magistrados para declarar inconstitucional la mencionada ley fueron, entre otros, que esta violentaba el derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En la sentencia se señala que en los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992, y en los acuerdos que le precedieron, nunca se hizo ninguna alusión expresa a la amnistía, y que por el contrario, en los mismos se pactaron cláusulas tendentes a combatir la impunidad y garantizar la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el conflicto armado.

Con esta sentencia, según lo anunció la Sala, todos los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y transcendencia, que pudieran ser imputados al ejército guerrillero agrupado en el FMLN, así como al Ejército de la Fuerza Armada, no han prescrito y tampoco gozan de amnistía, por lo que a partir de esta fecha están sujetos a investigación, juzgamiento y sanción.

El documento nombrado “De la Locura a la Esperanza”, que consiste en un informe elaborado por la Comisión de la Verdad, se enumera algunos de las más de 22 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por víctimas de la guerra civil, así como numerosas masacres, ejecuciones extralegales y miles de desapariciones forzadas registradas entre 1980 hasta 1989, de las cuales a continuación destacamos algunas.

Asesinato de Monseñor Romero


El lunes 24 de marzo de 1980 el entonces arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, fue asesinado cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia.

Su asesino le quitó la vida con un solo disparo calibre .22 mientras se transportaba en un vehículo Volkswagen rojo de cuatro puertas.

En ese caso, la Comisión de la Verdad investigó y concluyó, entre otras cosas, lo siguiente: El ex mayor Roberto D´Aubuisson dio la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como “escuadrones de la muerte”, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato.

La Comisión también señaló que Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron una participación “activa” en la planificación y ejecución del asesinato, así como Fernando Sagrera y Mario Molina.

Masacre de El Calabozo


El día 22 de agosto de 1982, en un lugar llamado El Calabozo, situado a un lado del río Amatitán, en el norte del departamento de San Vicente, efectivos del Batallón de Infatería de Reación Inmediata (BIRI) Atlacat, dieron muerte a más de 200 personas, hombres mujeres y niños que tenían en su poder.

Las víctimas habían llegado desde diversas procedencias, huyendo de un vasto operativo militar anti-guerrillero que se había iniciado tres días antes en la zona de los cerros de San Pedro, en el que también participó el BIRI Atlacat, y otras unidades de infantería y apoyo aéreo del Ejército salvadoreño.

La zona donde se desarrollaba el operativo tenía una importante presencia guerrillera que era apoyada por la población local. Anteriormente, las fuerzas del Gobierno habían penetrado la zona, pero los guerrilleros habían rehuido del combate.


Esa vez, la operación que llevaba el nombre del “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” utilizó a unos seis mil objetivos que tenían un único objetivo: limpiar de guerrilleros la zona con la estrategia de la “Tierra arrasada”.

Ante el avance de las tropas, la población civil huyó por miedo a los bombardeos de los soldados. Muchas de las familias que dejaron sus casas se encontraron en El Calabozo, donde los soldados los masacraron.


Ejecución Sumaria de Alcaldes

Entre 1985 y 1988, un número de alcaldes de los municipios situados en zonas de conflicto entre la guerrilla y el Ejército fueron asesinados por el Ejército Revolucionario del Pueblo, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad.
De acuerdo con el documento, estas ejecuciones fueron producto de una política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del cual el ERP formaba parte; dicha política fue aceptada “públicamente” por los miembros del Frente, según señala la Comisión.

En este caso, el informe “De la Locura a la Esperanza” señala que quienes conformaban en ese entonces el ERP y quienes participaron en las decisiones de masacrar a los alcaldes fueron, entre otros, el Joaquín Villalobos, Jorge Meléndez (“Jonás”), Ana Sonia Medina (“Mariana”), Mercedes del Carmen Letona, Ana Guadalupe Martínez (“María”), y Marisol Galindo, por lo cual “tienen responsabilidad por las muertes de los alcaldes”.

Zona Rosa

El 19 de junio de 1985, cerca de las 9:00 de la noche, en San Salvador, en el sector conocido como la “Zona Rosa”, conocido por sus numerosos restaurantes, un grupo de hombres armados, pertenecientes al Partido Revolucionario de Trabajadores de Centroamérica (PRTC), dispararon contra un grupo de infantes de marina de los Estados Unidos mientras descansaban.

Las víctimas, cuya misión en este país era dar seguridad a la embajada de su país, vestían de civiles y estaban desarmados cuando los miembros del PRTC, parte del FMLN, llegaron a hacer la matanza.

Luego de los primeros disparos, algunos de los atacados pudieron responder, pero la fuerza de ataque de los miembros del PRTC los sobrepasaba. La matanza dejó un saldo de cuatro infantes de marina muertos, nueve civiles muertos y un atacante herido.
Horas más tarde, el “Comando Urbano Mardoqueo Cruz” se autoproclamó el hecho, y el FMLN lo justificó mediante un comunicado.
Sobre este hecho, la Comisión de la Verdad concluyó que Ismael Dimas Aguilar y José Roberto Salazar Mendoza, además de Pedro Antonio Andrade, participaron en la planificación y ejecución del ataque.

Masacre de El Mozote


“Hacia las siete de la noche acabaron de matar a las mujeres. “Ya terminamos”, dijeron, y se sentaron en la calle casi a mis pies. “Ya terminamos con los viejos y las viejas, ahora solo hay esa gran cantidad de niños que han quedado encerrados. Allí hay bien bonitos, no sabemos qué vamos a hacer”. Otro soldado respondió: “La orden que tenemos es que de esta gente no vamos a dejar a nadie porque son colaboradores de la guerrilla, pero yo no quisiera matar niños”.


“Si ya terminaron de matar a la gente vieja, vayan a ponerles fuego”. Pasaron los soldados ya con el gran matate de tusa de maíz y una candela prendida, y le pusieron fuego a las casas donde estaban los muertos. Las llamas se acercaban al arbolito donde yo estaba, y me asustaban las bolas de fuego. Tenía que salir. Se oía el llanto de un niño dentro de la fogata, porque a esas horas ya habían comenzado a matar a los niños. “Andá ve, que a ese hijueputa no lo has matado”. Al ratito se oyeron los balazos”.

* Fragmento de relato de la masacre de El Mozote, contado por Rufina Amaya, sobreviviente que murió años después, el 6 de marzo del 2007. Tomado del libro “Luciérnagas en El Mozote”, publicado por el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI).

Masacre en el río Sumpul


El 14 de mayo de 1980, contingentes del Destacamiento Militar N°1 de la Guardia Nacional, y de la paramilitar Organización Nacional Democrática (ORDEN), mataron a más de 300 personas, hombres, mujeres y niños, que intentaban cruzar el río Sumpul, cerca del caserío Las Aradas, en el departamento de Chalatenango, porque querían huir hacia Honduras.
El operativo militar se había iniciado un día anterior como parte de una acción antiguerrillera. Las tropas fueron saliendo de diversos puntos hasta converger en el caserío Las Aradas, desde donde cientos de familias huyeron pero más tarde fueron masacradas.

Masacre de los Jesuitas


En la madrugada del 16 de noviembre del 1989, seis sacerdotes jesuitas, una cocinera y su hija fueron asesinados a tiros al interior de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), por miembros del batallón BIRI Atlacat.
Entre las víctimas se encontraban el padre Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Armando López, Joaquín López y López, y Juan Ramón Moreno, todos catedráticos de la UCA.


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